«Las autoridades de mi Partido no me quita pertenencia al mismo, ni mucho menos me aparta de la ideología de Juan Domingo Perón y Eva Perón, ni de mis convicciones, profundamente marcadas por la doctrina justicialista”.
El dirigente justicialista Alberto Paredes Urquiza consideró este acto como “un avasallamiento a sus derechos de ciudadano y políticos”, luego que el Ministro de Gobierno de la Rioja solicitara a la Justicia que no les permita usar la marcha Peronista y los símbolos”.
Alberto Paredes Urquiza volvió a denunciar que sus adversarios políticos generan acciones poco leales para cercenar su participación política, por eso les recordó una vez más, a todos ellos que “es afiliado al Partido Justicialista desde el año 1.986, habiendo desarrollado toda mi carrera política en dicha agrupación política, a la que sigo perteneciendo, incluso habiendo desempeñado la función de Presidente del PJ del Departamento Capital, entre el año 2.013/17”. Además, describió que en varias ocasiones Apoderado del Partido, y miembro de su Tribunal electoral, lo que se convierte en prueba más que suficiente de pertenencia, militancia, y una vida política desarrollada dentro de mi Partido, dentro de cuyas filas, reitero, sigo ejerciendo mi actividad política”.
El máximo referente de Encuentro por La Rioja, expresó que “la circunstancia de no concordar con las ideas, acciones y metodologías de trabajo político que implementan las autoridades de mi Partido no me quita pertenencia al mismo, ni mucho menos me aparta de la ideología de Juan Domingo Perón y Eva Perón, ni de mis convicciones, profundamente marcadas por la doctrina justicialista”.
Por lo tanto, Paredes Urquiza denunció que “es un avasallamiento a mis derechos tanto como ciudadano y político, que desde un órgano judicial se pretenda impedir mi identificación plena con mi partido político, limitando mi discurso y mi acción política, u orientando mi militancia hacia afuera de mi pertenencia, pretendiendo quizás un renunciamiento a mis convicciones o a mi libre derecho de expresarme políticamente según mi propio pensamiento”.
Por último, anifestó que “la decisión de V.S. importa un grave atentado a mis derechos cívicos y políticos, tiene una impronta proscriptiva digna de los más oscuros tiempos de la historia argentina, y se asienta en un razonamiento amañado, proclive a la posición esgrimida por el oficialismo local, y con un nivel de subjetividad llamativo; decisión claramente persecutoria e inaceptable”.
